[Alerta feminista] Se confirma que gobierno avanzará sobre derecho al aborto para transformarlo en delito antes de fin de año

Agencia Soynadie:

Además de acabar con elementos centrales del derecho a decidir, regulará la objeción de conciencia para otorgar todo tipo de facilidades para que los y las profesionales de salud puedan abstenerse de realizar esa intervención quirúrgica. La onda “Opus dei” por donde se lo mire. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado este viernes por hecho que el Consejo de Ministros tramitará la reforma de la ley del aborto antes de fin de año.

El dúo dinámico Rajoy – Gallardón se preparan  para presentar una reforma que cambiará la ley “de plazos” por una de ”supuestos”, de modo que el aborto sea un delito excepto en casos concretos. De momento, las excepciones se desconocen, pero en España, entre 1985 y 2010, la interrupción del embarazo sólo estaba despenalizada en tres casos: violación (en las 12 primeras semanas), malformación del feto (hasta la semana 22) y riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer (en cualquier momento). De hecho, una de las pocas pistas que ha dado el titular de Justicia sobre el tema es que el objetivo del Gobierno no es volver a la ley de 1985, sino “corregir los defectos que tenía” como por ejemplo, que la malformación del feto no sea uno de los supuestos que permita abortar de manera legal.  Gallardón también ha avanzado que la discapacidad (por ejemplo, un síndrome de Down) no será uno de esos supuestos legales en el caso de las malformaciones del feto. La ley podría recoger, en este sentido, un catálogo de malformaciones incompatibles con la vida que sí abriesen la puerta a la interrupción legal del embarazo.

Objeción de conciencia

La actual ley en vigor reconoce el derecho a la objeción de conciencia de forma “individual” a los profesionales sanitarios y estipula, únicamente, que esta deberá “manifestarse anticipadamente y por escrito”. Con una regulación más amplia de este derecho, el ministro pretende dar todas las garantías jurídicas a los médicos y enfermeros de la sanidad pública y privada para que puedan abstenerse de realizar esta intervención sin que se sientan presionados de ningún modo.

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